El Consejo de Transparencia insta al gobierno de García-Paje a entregar copia de la documentación en la que conste la decisión de recortar las ayudas a la agricultura ecológica y facilitar los nombres de las personas que tomaron dicha decisión
En marzo de 2015 el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó las ayudas a la agricultura ecológica para un período de cinco años con cargo al Programa de Desarrollo Rural financiado por la Comisión Europea. Dichas ayudas continuaban en la misma senda establecida por el Gobierno socialista de Barreda.
Pero en marzo de 2016, cuando García-Page irrumpió en el Gobierno de Castilla-La Mancha, llevó a cabo el mayor recorte de la historia en las ayudas a la agricultura ecológica: recortó las ayudas hasta en un 67% y dejó sin ayudas a más de la mitad de los agricultores ecológicos.
Desde el año 2016 la Plataforma ha solicitado directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha el nombre de la/s persona/s que dieron la orden de recortar las ayudas a la agricultura ecológica y una copia de los documentos, actas, informes, etc., donde estuviese recogida dicha decisión. A día de hoy, esta petición no ha sido atendida ni por García-Page ni por el consejero de Agricultura, Martínez Arroyo.
Ahora el Consejo de Transparencia ha dado la razón a la Plataforma y obliga a García-Page y a Martínez Arroyo a que sean transparentes y entreguen copia de las actas, informes o documentos en los que conste la decisión de modificar a la baja las cuantías a percibir por la ayuda a la agricultura ecológica, así como los nombres de las personas que tomaron tal decisión.
En el año 2015 el Gobierno de Castilla-La Mancha publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden que regula la ayuda a la agricultura ecológica solicitada por los agricultores en abril y mayo de 2015 para un período de cinco años. Dicha ayuda reflejaba las cuantías que estaban establecidas en el Programa de Desarrollo Rural que se estaba tramitando en ese momento y de acuerdo a lo hablado entre el Gobierno de CLM y la Comisión Europea. Pero al llegar al poder, García-Page aprovechó que el Programa de Desarrollo Rural estaba tramitándose para hacer juego de trileros y colar un recorte de un 67% en las ayudas saltándose lo establecido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de CLM se ha excusado siempre apelando a la existencia de una disposición suspensiva que lo único que dice es que no se podían aprobar las ayudas hasta que no estuviese aprobado el Programa de Desarrollo Rural, pero dicha disposición no permite el cambio de condiciones ya publicadas en el Diario Oficial de CLM. Si el Gobierno de Page hace caso omiso a lo publicado, ¿para qué sirve el Diario Oficial de CLM?
También se han excusado diciendo que dicho recorte venía establecido en el Programa de Desarrollo Rural aprobado por decisión de la Comisión Europea, tomando por ignorantes a los agricultores castellanomanchegos ya que el PDR es elaborado íntegramente por Castilla-La Mancha, limitándose la Comisión Europea a dar el visto bueno al mismo. La decisión de recortar las ayudas a la agricultura ecológica fue decisión única del Gobierno de García-Page.
En este punto cabe recordar que la pasividad de la Comisión Europea ha permitido que el Programa de Desarrollo Rural vaya en contra de la Orden publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en marzo de 2015, permitiendo el cambio de las reglas del juego a mitad de partido y quebrantando el principio de seguridad jurídica.
Queremos terminar recordando dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que el único interés por el cual el Gobierno de CLM recortó las ayudas a la agricultura ecológica fue el de tener más dinero disponible para la empresa pública Geacam, que desde el 2015 ha recibido más de 600 millones de euros. El Gobierno de Page ha duplicado el dinero destinado a Geacam desde el año 2015, a pesar de que la cifra media de personal de extinción sigue siendo la misma, y se ha gastado para desbroce y limpieza más de 5000 euros por hectárea, una auténtica barbaridad.
El segundo aspecto es que en el año 2020, cuando ya debería estar agotado todo el dinero del PDR, solamente se habían gastado 890 millones de los 1487 disponibles, lo que supone que el campo castellanomanchego va a dejar de percibir más de 500 millones de euros.
Pueden descargar una copia de la Resolución desde este enlace.